Mediante Resolución SBS Nº 369-2018 de fecha 03 de febrero del 2018 la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones aprueba la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema acotado de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Precisa que el numeral 3.2. del artículo 3 de la Ley Nº 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, indica que aquellos señalados en dicho numeral deben implementar un sistema acotado de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Por ello, la resolución de la SBS a la que hacemos referencia amplía su alcance en la presente norma y regula las obligaciones, requisitos y procedimientos que deben cumplir las personas naturales y jurídicas para la prevención del lavado de activos y del financiamiento.

Además de los sujetos del numeral 3.2. del artículo 3 de Ley antes citada, la norma hace referencia a los siguientes sujetos obligados:

1. Las que se dedican al comercio de antigüedades.
2. Los gestores de intereses en la administración pública, según la Ley Nº 28024.
3. Los martilleros públicos
4. Las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito.
5. Las agencias de viaje y turismo y los establecimientos de hospedaje.
6. Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que recauden, transfieran y desembolsen fondos, recursos u otros activos para fines o propósitos caritativos, religiosos, culturales, educativos, científicos, artísticos, sociales, recreativos o solidarios o para la realización de otro tipo de acciones u obras altruistas o benéficas, siempre que no faciliten créditos, microcréditos o cualquier otro tipo de financiamiento económico.
7. Las empresas del Estado que por la actividad que realizan no se encuentran dentro de los alcances del numeral 3.1 del Artículo 3 de la Ley Nº 29038 y las normas que la modifiquen o sustituyan, así como el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales
8. La Central de Compras Públicas – Perú Compras
9. Los clubes de fútbol profesional, de primera y segunda división, que integran la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional de Segunda División (ADFP-SD), respectivamente, o las que hagan sus veces.

Podemos apreciar que los agregados más importantes de la presente norma refieren a los clubes de fútbol profesional tanto de primera división como segunda división, las empresas de Estado que no tienen alcance en el numeral 3.1. de la Ley 29038 y a los organismos tales como Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado.